En mi calidad de defensor del pueblo, y con base en el trabajo que desde mi gestión se ha realizado en función de proteger, promover y educar, sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, -conocidos por las siglas LGBTI-; en el contexto del día internacional contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, considero oportuno pronunciarme ante los recientes asesinatos de personas, que podrían estar relacionados con la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.

El pasado 22 de marzo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lanzó la campaña por la aprobación de la reforma constitucional del derecho humano al agua y la ratificación de la Ley de Agua. Campaña que es pública a partir del día 7 de mayo y es respaldada por varias personalidades destacadas de la sociedad salvadoreña que también se unen a las exigencias de esta Procuraduría en torno al tema hídrico y comparten que el reconocimiento y desarrollo del derecho al agua se trata de la defensa de la vida, un paso significativo para asegurar el acceso al agua en cada uno de los hogares salvadoreños y, por lo tanto, un esfuerzo dirigido a la dignificación de la persona humana.

Desde el 3 de mayo de 2008, cada año en una fecha como esta se conmemora tanto en ámbito nacional como internacionalmente la entrada en vigor de dos valiosos instrumentos de derechos humanos a favor de las personas con discapacidad: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, convencido de la importancia de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente y veraz para el  fortalecimiento de la democracia, y en virtud, de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el día 3 de mayo,[1] considero oportuno hacer un balance sobre aspectos que afectan el ejercicio libre de la prensa y la situación de los periodistas, al mismo tiempo, establecer puntos básicos del derecho a la comunicación y la necesidad de volver efectivo el derecho de rectificación y respuesta.