Personal de PDDH Asiste a Jornada de Discusión sobre Propuesta de Ley de Protección a Defensores de DDHH

Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) participó, el pasado lunes 16 de octubre, en la jornada de estudio de la Propuesta de Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensora de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos.

El Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, aseguró que es importante la aprobación de este Proyecto de Ley, pues los Defensores de Derechos deben ser reconocidos en su labor; pero, sobre todo, es necesario que puedan ejercer su labor amparados en un marco regulatorio que proteja y reconozca un trabajo que suele ser arriesgado.

Esta actividad fue una iniciativa de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, la cual está conformada por 13 organizaciones de sociedad civil de naturaleza muy diversa; desde donde plantean un Proyecto de Ley amplio que incluye, de forma integral, la diversidad de trabajo en pro de los DDHH. Así, para ellos fue importante contar con la participación de personal de la Procuraduría y con el punto de vista de cuatro Procuradores y Procuradoras Adjuntas de la PDDH: Adjunto para la Defensa de la Niñez y Juventud, Ulises Rivas; Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente, David Sandoval, Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, Elisa Arévalo y la Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, Sylvia Hidalgo.

Uno de los puntos medulares de esta reunión fue el tema de la creación de un Consejo Rector que surgiría a partir de esta Propuesta de la Ley, el cual deberá estar conformado por la PDDH, la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), por cuatro representantes de la sociedad civil y dos personas defensora de DDHH a título personal. Dicho Consejo debe tener un carácter autónomo por su labor deliberativa y de investigación.

Según representantes de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos la Propuesta de Ley se encuentra, actualmente, en discusión dentro de la Asamblea Legislativa y esperan una pronta aprobación.


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Procurador presenta Plan de Verificación y Observación Electoral 2020-2021 ante TSE

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar presentó el Plan de Verificación y Observación Electoral 2020 - 2021 al pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral; para ello se hizo acompañar de la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, Sylvia Hidalgo y el jefe del Departamento de Derechos Políticos, René Pérez, a quienes les corresponde dirigir la labor institucional en esta materia, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

El Procurador manifestó el interés para que se establezca una comunicación fluida, veraz y permanente con el Tribunal, a efecto de que el proceso sea transparente y no se vulneren derechos de la población, subrayando la importancia de garantizar a cada ciudadano el derecho al voto, sobre todo de poblaciones vulnerables como las personas Trans.

“Esta elección tiene una particularidad, y es la pandemia; así que deben ir consideradas las normas de bioseguridad. Se debe garantizar a la población que los centros de votación están libres de COVID-19”, solicitó el Procurador.

En el Plan de Verificación y Observación Electoral se han incluido acciones encaminadas a prevenir la violencia electoral en todo nivel, como la propuesta de pactos locales de no agresión entre partidos políticos. En este marco, el defensor del pueblo expresó: "La sociedad y la ciudadanía, en general, deben poder ejercer sus derechos políticos sin sufrir agresiones o ataques. Reitero mi llamado a todos los partidos políticos a promover un ambiente libre de confrontaciones estériles".

En la reunión se solicitó a los magistrados y magistradas del TSE, que se dé respuesta de manera expedita a los procesos de inscripción de candidatas y candidatos no partidarios, en vista que algunos de ellos ya acudieron a la PDHH para plantear el incumplimiento de los plazos.

Finalmente, el titular de la PDDH también demandó que se generen las condiciones necesarias para que se garantice la presencia de la PDDH en el escrutinio final, sin limitaciones, y puedan ejercer la función de vigilancia del respeto a los derechos humanos de la población, cuya decisión en las urnas debe respetarse en todo el proceso.


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“Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, deja de lado a las víctimas”: Procurador DDHH Apolonio Tobar.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. José Apolonio Tobar Serrano, asistió a la audiencia oral y de seguimiento, realizada por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en el año 2016.

Durante su intervención, el titular de la PDDH señaló que Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero del presente año, deja de lado a las víctimas y la situación en la que viven; por lo que exhortó a los magistrados, que dicha ley se tome como un incumplimiento a la referida sentencia y se ordene la formulación de una nueva.

“La ley aprobada contraría la Constitución de la República, incumple el estándar de la pena y gravedad, lo que es contrario a los derechos de las víctimas; tampoco contempla la calificación del delito y grado de participación, lo que implicaría impunidad”, indicó el Procurador José Apolonio Tobar.

El Defensor del Pueblo añadió que la consolidación de los procesos de “Verdad, Justicia y Reparación”, únicamente es sustentable en la medida en que el comportamiento de todas las instituciones públicas involucradas, refleje una política estatal orientada a remover todos los obstáculos que impidan la justa satisfacción de los derechos de las víctimas.   

Asimismo, el Procurador Apolonio Tobar recomendó la creación de un fondo económico, que tenga como objetivo principal, garantizar la reparación integral de daños, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

“Recomiendo a este tribunal, si así lo estima conveniente dentro de sus competencias, ordene la eliminación, en todas las instituciones del Estado, incluida la PDDH, por lo menos en un 70 por ciento el rubro asignado a publicidad y que con lo que se elimine, se genere un fondo para iniciar la reparación integral a las víctimas”, puntualizó el funcionario público.


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Procurador reitera a legisladores que población está al centro de labor institucional de la PDDH

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano fue convocado por  la Comisión Especial, creada para investigar el manejo que el Órgano Ejecutivo ha brindado a la pandemia por COVID-19, donde afirmó que, toda actuación institucional está en función de acompañar a la población y las víctimas.

Desde el inicio de la emergencia por la pandemia, la PDDH activó a sus diferentes instancias, a pesar de las limitantes que impuso la nueva realidad y se establecieron medios para recibir denuncias. Las registradas entre el 21 de marzo al 31 de mayo del año 2020 son parte de un Informe especial.

Entre las fechas antes señaladas se contabilizaron más de 1,500 casos vinculados a situaciones derivadas de la emergencia, en San Salvador fue donde más casos de hechos violatorios a derechos humanos se reportaron.

El titular de la PDDH destacó que en el punto álgido de la atención a la pandemia, la población enfrentó afectaciones a sus derechos humanos, mencionando entre ellas la ausencia de información, en el caso de personas que fueron llevadas a Centros de Contención, la falta de planificación estratégica para prevenir y combatir la COVID-19, y la falta de acceso a ingresos económicos de muchas familias.

Los derechos más vulnerados fueron: El derecho a la libertad personal, el derecho a la salud, el trabajo y acceso a la información, entre otros.

De igual manera, se conocieron denuncias por malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por parte de elementos de seguridad hacia personas que salieron de sus casas al estar vigentes decretos ejecutivos que establecían cuarentena domiciliar obligatoria.

Entre las instituciones más denunciadas se registró al Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. También, hubo denuncias contra empresas privadas y particulares por suspender contratos, salarios o reducir los montos de los mismos.

El Procurador dijo que se dio seguimiento a las personas retornadas y varadas en el exterior, “el Estado falló a las personas varadas al no facilitar alternativas oportunas”, concretó.

Como casos emblemáticos, el licenciado Tobar mencionó las denuncias del personal de salud por no contar con equipo de protección adecuado, los contagios de COVID-19 en el Centro de Atención de Ancianos “Sara Zaldivar”, los contagios en el Complejo de Integración Social para la Niñez y Adolescencia (CISNA).  De igual forma, el joven que fue herido por elementos de la PNC en San Julián, Sonsonate y un señor que fue obligado a llevar en el cuello una bicicleta mientras era llevado a una delegación policial de San Miguel. Además, la muerte de un ingeniero en un hotel que fue habilitado como Centro de Contención.


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Procurador Participa en Lanzamiento de Sistema de Registro de Vulneraciones de DDHH a Personas y Organizaciones Defensoras de DDHH

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. José Apolonio Tobar Serrano, asistió como invitado de honor al lanzamiento del Sistema de Registro de Vulneraciones de Derechos Humanos a Personas y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador, en el que participan organizaciones como la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y la Fundación Mundubat.      

Representantes de las organizaciones participantes, en la iniciativa presentada, detallaron que la plataforma consiste en un sistema informático y organizativo para el registro, documentación y sistematización de casos de vulneraciones de derechos a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, que garantice una implementación y seguimiento ágil, sencillo y eficaz a los casos que se presenten.   

"Reconozco esta valiosa iniciativa de crear un Registro de Vulneraciones a Derechos de Personas y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos; como procuraduría externamos nuestro acompañamiento al sistema que hoy se presenta", señaló el Procurador José Apolonio Tobar.

Asimismo, el titular de la PDDH afirmó que debido a los altos niveles de polarización política que vive el país, la labor de las personas e instituciones defensoras de derechos humanos, y en particular la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha sido estigmatizada y objeto de ataques, de diversa índole, dirigidos a la institución, su titular y personal.

"Hablar de derechos humanos se convierte, en muchos casos, objeto de ofensas de la misma población. Debemos ser tolerantes a la crítica y la opinión de otros. Las opiniones deben ser vertidas de forma que no afecten los derechos de los demás", puntualizó el Procurador Apolonio Tobar.


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Procurador: “INDH fortalecidas son relevantes para evidenciar afectaciones a DD.HH.”

Para el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, la emergencia generada por la pandemia COVID-19, permitió evidenciar la necesidad de contar con Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), fortalecidas, independientes y eficaces, para evidenciar las conductas y actividades que conllevan afectaciones a derechos humanos.

La importancia que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos trabajen apegadas a sus mandatos constitucionales, fue recalcada por el Procurador Tobar, al ser invitado a comentar el Informe: Derechos Humanos y pandemia. El Norte de Centroamérica frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, elaborado por la organización Cristosal.

Destacó que en el Informe hay puntos coincidentes con los que PDDH señaló en diferentes momentos de la emergencia. Entre ellos, se reconoce que las medidas que adoptó el gobierno; en su anuncio fueron oportunas, pero su operativización fue improvisada, como ejemplo citó la medida de entregar subsidio de $300 dólares a las personas que se vieron afectadas por el cierre de las actividades económicas, pero eso generó aglomeraciones.

Por medio del monitoreo en el Triángulo Norte, Cristosal recibió 80 casos válidos, de los cuales 71 fueron acompañados por las INDH de cada país. La mayor parte de las denuncias se hicieron en El Salvador (97.5%) y mayoritariamente se relacionan con la privación de libertad de los ciudadanos (28.6%) generalmente asociado a los largos períodos cumplidos en los centros de contención, detenciones arbitrarias (27.6%) y vulneraciones al derecho a la salud (13.3%). Si bien los números entre Cristosal y la PDDH son diferentes, ambos coinciden en las mismas afectaciones a derechos humanos; como movilidad, salud y seguridad, entre otros, explicó el Procurador.

El Informe fue calificado de suma relevancia por el licenciado Tobar Serrano, porque permite conocer la óptica de las organizaciones sociales en lo ocurrido en el contexto de emergencia generada por el COVID-19 y las recomendaciones deben servir a los Estados para respetar la dignidad humana en toda situación.


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PDDH Y CICR ENTREGAN PROPUESTA TÉCNICA DE LEY A FAVOR DE PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIAS

La propuesta técnica de la Ley a favor de personas migrantes desaparecidas y sus familias, contiene los derechos que no se han logrado garantizar a quienes sufren y buscan a un ser querido, que en algún momento tomó la decisión de salir de las fronteras de El Salvador y desapareció en un punto de la ruta emprendida.

Lo experimentado en estos casos es suficiente razón para que el Estado intervenga mediante mecanismos legales en la búsqueda de las mismas, expresó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en la actividad donde el documento fue entregado al Comité de Familiares de Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador (COFAMIDE)

El Procurador expresó: “Los derechos de la población no son un regalo de ningún gobierno en la historia, sino la conquista de la población a través de esfuerzos coordinados y organizados con organismos y que esos esfuerzos deben estar definitivamente acompañados por una Institución Nacional de Derechos Humanos”. Al referirse a organismos, el licenciado Tobar puntualizó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), COFAMIDE y la Fundación para la Justicia y el Desarrollo.

David Quesne, jefe de la misión del CICR, que brindó la asesoría técnica, detalló que en el 2018 se hizo un estudio de compatibilidad entre la legislación salvadoreña y los estándares internacionales en materia de personas desaparecidas, y que dicho documento permitió enriquecer la propuesta de ley que tiene como fin reconocer los derechos de las personas migrantes desaparecidas y sus familias, entre ellos el derecho a ser buscado y a que se realice una investigación exhaustiva de las circunstancias de la desaparición.

El secretario ejecutivo de COFAMIDE, Omar Jarquín, agradeció el apoyo y dio a conocer que familiares de personas migrantes desaparecidas se están formando profesionalmente para estar más preparados y exigir a las instituciones del gobierno que se integren a la labor. 

La Procuradora Adjunta de las Personas Migrantes, Beatriz Campos, explicó que, en la fase de consulta a nivel nacional, primero se escuchó a las familias de las personas migrantes desaparecidas, hubo participación de referentes de las instituciones competentes, sociedad civil y el Banco Forense de Migrantes no Localizados, instrumento interinstitucional que desde el 2010 trabaja en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas.

El Banco Forense de Migrantes no localizados es considerado un mecanismo pionero, el cual está conformado por Cancillería de El Salvador, la PDDH, COFAMIDE y el Equipo Argentino de Antropología Forense.


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FORTALECEN CAPACIDADES A PERSONAL DE LA PDDH PARA MONITOREAR RESPETO A DERECHOS HUMANOS

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a cargo del licenciado Luis Romeo García Alemán, organizó la sesión formativa y de trabajo: “El fortalecimiento mutuo entre la Agenda 2030, los ODS y los DD.HH.”.

En la jornada virtual, el personal de distintas áreas de la Procuraduría de Derechos Humanos, adquirió conocimientos y metodologías para el monitoreo de los derechos humanos y particularmente de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), poniendo énfasis en sus vínculos con la Agenda 2030 y el principio de “no dejar a nadie atrás”, como parte del marco de actuación de la PDDH y del cumplimiento de las obligaciones estatales, sobre todo en contextos extraordinarios como el de la pandemia COVID-19.

El moderador fue Leonardo Castilho, experto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con sede en Nueva York. La actividad está en el marco de la asistencia técnica que brinda la Oficina Regional para Centro América de la OACNUDH, que busca contribuir al fortalecimiento de capacidades en la PDDH, específicamente en procesos de elaboración de informes temáticos DESC.


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Procurador y Colegio Médico firman Convenio para proteger derecho a la salud ante COVID-19

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano y el Colegio Médico de El Salvador, representado por el doctor Milton Brizuela, firmaron un Convenio de Cooperación con el objetivo principal de establecer acciones de trabajo conjunto en temas relacionados con la protección del derecho humano a la salud, en razón de la afectación en el marco de la Pandemia por COVID-19.

Desde el inicio de  la Emergencia Nacional por la presencia del COVID-19, en el territorio nacional,  El Colegio Médico,  ha expresado preocupación por la forma como se ha estado manejando la contención y tratamiento de la pandemia, de igual manera la falta de capacidad del sistema y la ausencia total de transparencia, información y rendición de cuentas por parte del gobierno central y las instituciones de salud.

En el cumplimiento de su labor, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también ha enfrentado falta de información o negación sistemática de los requerimientos realizados sobre el manejo de la pandemia por COVID-19.

Con el fin de garantizar los derechos de los usuarios de los servicios de salud y los trabajadores de este sector, el Convenio permitirá a la partes compartir información sobre el desarrollo de las acciones que el Estado salvadoreño realiza para enfrentar la pandemia tales como: Medidas Sanitarias pertinentes, Protocolos de Tratamiento y Seguridad, hospitales adecuados para el tratamiento del virus y tratamientos; Estadísticas diferenciadas, sobre la tasa de letalidad; Datos sobre contagios de personal médico y paramédico, fallecimientos, tratamiento efectivo y lugares de recuperación; Dotación suficiente y de calidad de equipo de bioseguridad, así como aseguramiento permanente de entrega.

Además, se tendrá vigilancia sobre las medidas adecuadas para la inscripción y otorgamiento de seguro de vida para el personal sanitario que trabaja en la contención de la pandemia; Cumplimiento y respeto de horario o jornadas de trabajo, reconocimiento y respeto de turnos, tiempo para descanso, transporte y alimentación; Estado y funcionamiento de los nuevos centros de tratamiento, capacidad instalada, personal y equipamiento.

Los suscriptores se comprometen a guardar la confidencialidad de toda información y  documentación solicitada, compartida o requerida.

Entre otros puntos importantes del Convenio, se contempla  elaborar un manual o protocolo de seguridad para la verificación “in situ” de presuntas violaciones al derecho humano a la vida y a la salud y capacitar al personal designado de la PDDH.

También, se favorecerán espacios de intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas que permitan el aprovechamiento de las fortalezas de cada Parte.


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Diputados conocen Informe de Procurador sobre deficiencias en el Sistema de Salud en contexto COVID-19

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, donde presentó el Informe sobre deficiencias en el Sistema Nacional Integrado de Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19.

De acuerdo al defensor de derechos humanos, durante la pandemia no ha funcionado el llamado Sistema Nacional Integrado de Salud, porque no ha existido un Plan Nacional Integral de abordaje  de la pandemia por COVID-19, lo que ha derivado en afectaciones directas a los pacientes usuarios de dicho sistema y personal de primera línea.

En el Informe se detalló que desde el 21 de marzo al 17 de septiembre de 2020, se tiene registro de 1,811 hechos denunciados sobre afectaciones a derechos humanos ocurridos en la emergencia COVID-19, de los cuales 393 casos están relacionados al derecho a la salud, entre ellos por denegación de atención médica y negación de pruebas COVID-19 ,y por la falta de atención a otras enfermedades y tratamientos.

El Defensor del Pueblo lamentó que la falta de implementación de protocolos, de equipos especiales de bioseguridad y de capacitaciones oportunas, la improvisación, ahorro de recursos y la falta de conducción científica provocará que un gran número de personal sanitario que atendió la pandemia, resultará contagiado e ingresado a diversos centros de salud donde continuó el contagió.

"Un elemento de salud contagiado o fallecido no es una estadística más, es un elemento menos para combatir la pandemia. Ellos deben tener los mejores equipos de bioseguridad", manifestó el  Procurador ante los legisladores.

A está sesión en la Comisión Legislativa de Salud, el Procurador solicitó que le acompañará la Secretaria General de SITRASALUD, Silvia Navarrete, por conocer desde adentro la realidad del sistema público de Salud. Navarrete sostuvo que médicos, enfermeras y personal administrativo falleció porque no se les proporcionó equipo de protección personal a tiempo y no hubo protocolo de atención adecuada.

El titular de la PDDH resaltó la necesidad de concretar un sistema integrado de salud, eficaz, eficiente y cada vez más solidario, lo que necesariamente requiere de un enfoque de derechos humanos.


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