Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en el marco del noveno aniversario de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El 03 de mayo del año 2008, entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este determinante avance a nivel internacional, representó para el Estado salvadoreño un reto en la evolución del reconocimiento y cumplimiento de los derechos del sector poblacional; en el sentido que tras su ratificación, cada Estado parte se comprometió a ajustar su legislación nacional al estándar establecido en el instrumento, que se basa primordialmente en el principio del respeto de la dignidad inherente de la persona con discapacidad. Esa obligación para el Estado salvadoreño, fue reforzada cuando el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, formuló las Observaciones finales sobre el informe inicial de El Salvador, en septiembre del año 2013, expresando como una de sus principales preocupaciones que el marco legislativo sobre la discapacidad no se ajustaba a la Convención, por lo que expresó la siguiente recomendación: “El Comité recomienda al Estado parte hacer una revisión completa de su marco legislativo para armonizarlo con la Convención”.

 

No obstante esa exhortación tan precisa del organismo internacional a El Salvador, no hubo por parte de las instancias competentes, iniciativa alguna que permitiera poner en marcha el estudio de nuestra legislación para armonizarla a la Convención. De modo tal, las organizaciones que conforman la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, posterior a un considerable proceso de discusión y con el respaldo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), trabajaron la propuesta de un anteproyecto de ley apegado con enfoque de derechos humanos, con el fin de superar la visión asistencialista de la actual Ley de Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. Como ya se ha expresado en otros espacios, esta fue remitida a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, en donde permaneció más de un año sin mayores avances en su estudio.

 

Frente a ese desinterés, el 3 de diciembre de 2015, la Mesa Permanente concurrió directamente a la Asamblea Legislativa para presentar la propuesta de ley de forma oficial ante ese Órgano. La pieza de correspondencia contó con el apoyo de tres distintos grupos parlamentarios y fue delegada para su análisis a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. En seguimiento a ello, las organizaciones de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han llevado a cabo innumerables gestiones con el propósito de agilizar el proceso de análisis, debate y consulta del ahora “Proyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

 

Después de un año y cinco meses de haber solicitado audiencia a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, finalmente la semana pasada fue recibida una representación de la Mesa Permanente por las y los parlamentarios integrantes de la misma, sin embargo, no se observa que el estudio de la propuesta se haya establecido con una tarea prioritaria para los legisladores, ya que no se reportan avances sustanciales en cuanto a su discusión. Ante tan delicada situación y tomando en cuenta la crítica situación de las finanzas públicas, la Mesa Permanente propuso crear un equipo de trabajo con asesores técnicos de los grupos parlamentarios que conforman la Comisión y representantes de las organizaciones de la Mesa y otras que se considere abonen a la discusión. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada.

 

Sobre la base de lo anterior, en esta fecha en que conmemoramos la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, EXHORTO:

 

  1. A la honorable Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de la Asamblea Legislativa: que tenga a bien nombrar y convocar a un equipo de trabajo —en el que se incluya a personas referentes de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad y otras organizaciones que trabajen a favor de los derechos de este grupo poblacional— que lleve a cabo el análisis del proyecto de ley. Con lo cual se estaría honrando el compromiso como Estado de dar cumplimiento a la Convención y a la recomendación vertida por el Comité; y principalmente se estaría trascendiendo de la exclusión a la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país.

 

  1. Al CONAIPD: a dar continuidad al respaldo en los esfuerzos para que agilice el proceso legislativo pertinente en relación al proyecto de Ley de Inclusión, para avanzar sustancialmente en relación a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención.

 

 

San Salvador, 3 de mayo de 2017

 

 

 

                                               Licenciada Raquel Caballero de Guevara

                                  Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos