Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales.

Nombre: Carlos Enrique Rodríguez Quezada

Teléfono celular: 7985-1342

Teléfono fijo: 2520-4327

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Quinta Avenida Norte, número 19, San Salvador.

Carlos Enrique Rodríguez Quezada es abogado de la República, con más de 24 años de experiencia en procesos de protección, promoción y formación en derechos humanos, así como en áreas diversas del derecho y resolución alterna de conflictos.

Actualmente se desempeña como Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cargo que ejerce desde agosto de 2017. Previamente se desempeñó como Delegado Departamental de San Vicente, Delegado Departamental de Cuscatlán, Delegado Departamental de Cabañas y Jefe de Control de Procedimientos e Informática de la PDDH.

En el ámbito académico, es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y posee una Maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, España. Asimismo, cuenta con Diplomado de Estudios Superiores en Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Ha complementado su formación con cursos y seminarios nacionales e internacionales especializados en derechos humanos, prevención de atrocidades masivas, desplazamiento interno, seguridad y derechos humanos, trata de personas, niñez y adolescencia, género, resolución de conflictos, arbitraje, pueblos indígenas.

También ha desarrollado experiencia docente como instructor de Derechos Humanos y Derecho Administrativo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, así como instructor de Informática en el Instituto Técnico Ricaldone.

Entre sus principales participaciones profesionales destacan su intervención en investigaciones sobre feminicidio, niñez y adolescencia, así como su participación en publicaciones vinculadas con la protección de derechos de población LGBTI y la atención especializada a grupos en condición de vulnerabilidad.