Ejercer el Mandato Constitucional de velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos, supervisando la actuación de la Administración Pública frente a las personas mediante acciones de protección, promoción y educación, contribuyendo con el Estado de Derecho y conformación de la Cultura de Paz.

Consolidarse como la institución del Estado que vela por que la población goce plenamente de los derechos humanos, fortaleciendo con ello el nivel de vida y las condiciones para su desarrollo.