COMUNICADO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN FUNCIONES, LICENCIADO RICARDO JOSÉ GÓMEZ, SOBRE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LA SITUACIÓN DE ABUNDANTES LLUVIAS EN EL PAÍS

En los últimos días El Salvador ha sido afectado por la presencia de constantes precipitaciones, a raíz de las cuales fueron declaradas Alerta Amarilla en 37 municipios del oriente del país y Alerta Verde en el resto del territorio.

En este contexto y de acuerdo a información oficial, además de los daños materiales reportados, tres personas perdieron la vida y muchas familias se vieron en la necesidad de desplazarse y trasladarse a los albergues provisionales u a otros lugares para resguardarse. A este respecto, quiero externar mis condolencias a las familias de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han tenido que abandonar sus hogares.

Como parte de las facultades constitucionales y legales que asisten a esta Procuraduría, desde el inicio del fenómeno se han monitoreado y verificado las actuaciones estatales, particularmente de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, orientadas a garantizar la seguridad y los derechos de las personas afectadas, por medio de la observancia de estándares mínimos en materia de derechos humanos aplicables en estas situaciones de riesgo.

Se reporta que, en los municipios donde se ha declarado Alerta Amarilla, las comisiones departamentales y municipales respectivas se habían activado y estaban operando, y que en el resto de departamentos en los que la afectación era menor, las mismas se encontraban dando seguimiento a la declaratoria de alerta.

También se observaron experiencias muy positivas de coordinación en la administración de albergues con la cooperación de las comunidades organizadas, como es el caso del albergue instalado en Santa Fidelia, del Cantón La Canoa, en el municipio de San Miguel.

No obstante, también se han identificado casos de falta de coordinación entre algunos organismos del sistema, particularmente entre Comisiones Departamentales y Comisiones Municipales, siendo un hecho reincidente y que puede atribuirse a diferencias de carácter político partidario entre las autoridades que las encabezan. Esta situación debe ser analizada y superada en posteriores eventos, en virtud de los obstáculos que conlleva para el adecuado tratamiento de las situaciones de riesgo o desastres y las afectaciones a derechos humanos consecuentes.

Y es que, de la ágil coordinación y fluida comunicación entre los diferentes niveles del Sistema Nacional de Protección Civil depende en, gran medida, la efectividad de todo el Sistema y el cumplimiento de las obligaciones estatales en situaciones de riesgo.

Por otra parte, es importante mencionar que en las visitas a los albergues se han observado que, en su mayoría, las personas trasladadas ahí son niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores. Por lo que, una vez evidenciadas las personas más vulnerables a ser afectadas frente este tipo de eventos, los mecanismos de resguardo y protección deben responder a sus necesidades particulares y, de esa forma, reforzar el enfoque de atención a poblaciones y grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien se reconoce el avance en materia de protección civil, situaciones como las aquí descritas deben llevar a un análisis que rescate las condiciones de vulnerabilidad acumulada a las que está sometida la población y el territorio, profundizadas por la falta de políticas integrales de prevención de riesgos y ordenamiento territorial. Hago un llamado a que las instituciones del Estado prioricen y respondan a la prevención de desastres con campañas masivas de información y sensibilización a la población en general.

Aun cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que se espera que las condiciones del clima comiencen a mejorar en las próximas horas, esta Procuraduría  continuará con el monitoreo, las verificaciones y diligencias necesarias que velen por el efectivo respeto y la garantía de los Derechos Humanos de la población, especialmente, aquella que se encuentra en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad.

Licenciado Ricardo José Gómez Guerrero

Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones

San Salvador, 9 de octubre de 2018