Pronunciamiento de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciada Raquel Caballero de Guevara, sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS)

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, ante la circulación de noticias relacionadas con la posición de los Estados Unidos de Norteamárica en cuanto a la finalización del plazo actualmente vigente del programa denominado Estatus de Protección Temporal (TPS), hace las siguientes consideraciones:

El TPS entró en vigencia el 9 de marzo de 2001, para favorecer a personas salvadoreñas afectadas por circunstancias temporales en El Salvador provocadas por desastres naturales, con la finalidad que pudieran permanecer legalmente en Estados Unidos con permiso para trabajar. Dicho beneficio ha sido prorrogado a travás de los años por diferentes Gobiernos de Estados Unidos, y su vigencia actual finaliza el 9 de marzo de 2018.
Las declaraciones emitidas por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamárica (DHS), John Kelly, referentes a que los privilegios migratorios conocidos como Estatus de Protección Temporal, “no deberían ser indefinidos” , han generado expectativas sobre la posibilidad que el TPS ya no sea renovado, lo cual provoca intranquilidad en quienes tienen familiares en los EEUU o viven en dicho país.

Al respecto, como Defensora del Pueblo, considero necesario pronunciarme reconociendo, en primer lugar, que la adopción de programas como el TPS y las prórrogas del mismo, constituyen decisiones soberanas del Gobierno de los Estados Unidos, las cuales hasta ahora, han brindado la posibilidad a nuestros compatriotas de radicar en ese país y acceder a un empleo, contribuyendo a la construcción y sostenimiento de sus proyectos de vida.
Actualmente el TPS beneficia aproximadamente a 190,000 personas de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, quienes a lo largo de los años han demostrado que la inmigración no supone una carga económica o social, sino que por el contrario constituye una importante contribución en diversos ámbitos a la sociedad estadounidense, tales como el educativo, profesional, político, cultural, laboral y económico.

La actual coyuntura demanda de forma urgente garantizar información cierta a nuestros compatriotas en el exterior y a la población en general, ya que el TPS es un beneficio temporal que no garantiza estancia legal permanente en los Estados Unidos. En ese sentido, es impostergable que las autoridades salvadoreñas por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la red consular impulsen con todos sus recursos disponibles, una campaña informativa sobre las opciones legales a las que puede optar una persona beneficiada por el TPS, en caso de no ser prorrogado el programa.
Tambián, es necesario diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento legal para nuestros compatriotas, con la finalidad de estudiar opciones legales para ingresar a otros programas existentes luego de haber sido beneficiados por el TPS, ya que por el tiempo prolongado de estancia legal en los Estados Unidos, podrían haber adquirido derechos que les permitan acceder a beneficios de tipo permanente. Dicha estrategia debe posibilitar también el acompañamiento legal para ampararse ante el sistema de justicia de dicho país para la defensa de derechos fundamentales, en especial en casos de personas en situación de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Por otra parte, ante un eventual retorno forzado y masivo de personas, es necesario que la Dirección General de Migración y Extranjería se prepare con la anticipación debida, para ampliar los programas y las condiciones para la recepción de nuestros compatriotas. Dicha ampliación solo puede ser posible con la colaboración de otras instituciones del Estado como el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa ya que debe incluir la captación de más recursos.

Las instituciones que integran el Consejo Nacional para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y sus Familiares (CONMIGRANTES), como parte del ente rector de la política migratoria, deben promover una mejora sustancial del programa de reinserción integral para los salvadoreños retornados, que les dá la posibilidad de continuar con su proyecto de vida en El Salvador, garantizando sus derechos económicos y sociales.
El Ministro de Relaciones Exteriores, debe impulsar y liderar un movimiento de incidencia política en Centroamárica, que involucre a los diferentes actores de los países del llamado triángulo norte y sus referentes asociados en organizaciones civiles en Estados Unidos y Máxico, para incidir y gestionar la construcción de un mecanismo o medida de regularización u otras opciones reales de permanencia estable, una vez comprobado que la estancia de inmigrantes de la región por todo el tiempo que ha durado el TPS ha sido respetuosa de las leyes.

Como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, hago votos para que, en el marco de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamárica, que se realiza a nivel multilateral en Estados Unidos, se propicien condiciones para abordar el tema por medio de la representación salvadoreña y que sobre todo, el debate ponga en el centro a las personas y sus derechos humanos.
Reitero mi compromiso a la población salvadoreña en general, de mantenerme atenta a los acontecimientos, planes y estrategias que se implementarán, para beneficio de nuestros hermanos migrantes y me pongo a disposición de cualquier iniciativa que al respecto impulsen nuestras autoridades, para promover el respeto de los derechos humanos de las y los salvadoreños.

San Salvador, 15 junio del 2017

Licenciada Raquel Caballero de Guevara
Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos