Procurador Apolonio Tobar Exhorta Firma y Ratificación de Acuerdo de Escazú

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. José Apolonio Tobar Serrano, exhortó al presidente de la República a firmar el Acuerdo de Escazú, referente al Acceso a la Información, la Participación Pública y Garantizar Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este llamado lo realizó con el respaldo del Equipo Impulsor de dicho Acuerdo en El Salvador.

“Una vez procesa su aprobación, el presidente debe girar instrucciones para que sus delegados lo depositen en las Naciones Unidas, para que luego, los diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa procedan a su ratificación”, explicó el Defensor del Pueblo.

El Acuerdo de Escazú es considerado de alta importancia para el Procurador, pues es un instrumento jurídico regional, pionero en materia de protección ambiental, que incluye disposiciones que protegen el trabajo y la integridad de defensores de derechos humanos en este tema. Además, está encaminado a generar una mayor participación pública y mayor acceso a la información sobre la manera en que se están abordando los temas de medio ambiente en los países de la región.

El Salvador formó parte de la Comisión de Negociación de dicho Acuerdo, la cual trabajó en conjunto durante cuatro años y logró, el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, el voto de sus participantes; pese a esto, el país sigue sin firmar su ratificación. El Procurador Tobar informó que el Presidente tiene como fecha límite el 26 de septiembre de este año para hacerlo. De 22 países que lo firmaron, solo nueve lo han ratificado y, para que entre en vigor, este Acuerdo necesita 11 Estados que lo ratifiquen. De ahí, la importancia de llevar a buen término el proceso.

“Contar con normativas de esta naturaleza, siempre genera beneficios para la población salvadoreña”, aseguró con optimismo Apolonio Tobar, quien expresó la necesidad imperante de incluir el enfoque de derechos humanos en normativas, políticas y marcos de acción medioambientales.

Recordó que en El Salvador se han registrado casos donde estos derechos han sido vulnerados y, de contar con este instrumento, existirían mecanismos de protección internacional para las personas afectadas. “Tal es el caso de la consulta pública realizada en plena Pandemia por COVID_19, sobre la construcción de una represa en el Río Sensunapán, en Nahuizalco, Sonsonate”, ejemplificó Tobar.