La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en todos los ámbitos, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso

Según el derecho internacional, la protección social aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El artículo 22 establece: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

A nivel hemisférico, el Capítulo III de la Carta Social de las Américas, adoptada en junio de 2012, aborda el desarrollo social, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, declarando que “Los Estados miembros tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar políticas y programas de protección social integral, con base en los principios de universalidad, solidaridad, igualdad, no discriminación, y la equidad que dan prioridad a las personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales”

El Convenio 102 de la OIT de 1952, por su parte, establece normas mínimas para ser asumidas por los países en el ámbito de las prestaciones sociales, así como la accesibilidad a dichos beneficios. La Convención comprende nueve ramas de la seguridad social: atención médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, familias, maternidad, incapacidad permanente y prestaciones de supervivencia.

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