¿QUE ES LA MESA DE LA PDDH SOBRE DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE?
Las mesas temáticas impulsadas desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son la materialización operativa del necesario diálogo con la sociedad civil organizada, para el fortalecimiento de las acciones de tutela y promoción de los derechos humano en nuestro país. Por medio de estos espacios el Procurador o Procuradora tiene la posibilidad de conocer las demandas y las iniciativas de las organizaciones sociales hacia el Estado salvadoreño y de dar a conocer las acciones institucionales de incidencia en las materias que correspondan tratar a cada mesa temática, a esas expresiones organizativas; para el caso, los temas relacionados al disfrute de un medio ambiente sano y demás derechos conexos, como el agua, la alimentación adecuada, la protección ante desastres naturales o antrópicos, etc.
La Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, también llamada Mesa de Medio Ambiente, se erige como un espacio democrático, coordinado desde esta Procuraduría, abierto a la participación de todos los sectores de la sociedad civil que realizan acciones en el marco de la temática ambiental, con quienes nos une una auténtica vocación de lucha por el avance de los derechos humanos.
Es asimismo, una instancia que pretende incidir de forma positiva y beneficiosa para el avance de los derechos humanos de todos los habitantes de El Salvador, con especial énfasis en el derecho a un medio ambiente sano y otros vinculados a éste de forma directa, en aquellos actores nacionales a quienes corresponde adoptar las decisiones que en última instancia determinan en gran medida los avances o retrocesos en la garantía de tales derechos.
Este espacio es un reconocimiento que desde la PDDH se hace a la sociedad civil organizada, por su invaluable y decisivo aporte para el fortalecimiento y avance de nuestro país en temas de participación y democracia. En el campo del medio ambiente, estas organizaciones han sido históricamente referentes para la exigencia al Estado salvadoreño del cumplimiento de sus irrenunciables deberes en favor de la preservación de los recursos naturales y de la garantía para todos los habitantes de acceder a un ambiente que posibilite un desarrollo integral.
