PRISMA PRESENTA ESTUDIO SOBRE DEGRADACIÓN AMBIENTAL A PERSONAL DE PDDH

13 de noviembre de 2017.  El Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA) a solicitud y  en coordinación con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, presentó a personal que realiza labores de tutela en materia de derechos humanos en la PDDH, el estudio "Dinámicas de Exclusión y Degradación Ambiental en El Salvador" que fue publicado en el contexto del 25 aniversario de PRISMA. 

La socialización del estudio fue realizada por Nelson Cuellar, director adjunto de la mencionada organización, quien señaló que hace dos décadas PRISMA publicó una investigación denominada "El Salvador: Dinámica de la degradación ambiental", en el que ya se señalaba una tendencia de degradación en materia de medio ambiente en el territorio nacional, situación que es confirmada en los hallazgos de este nuevo estudio, pero que además permite afirmar que se ha profundizado en unas circunstancias marcadas por el cambió climático y por una agobiante situación de inseguridad que afecta a la población salvadoreña.

La reflexión sobre las principales conclusiones del estudio y la discusión que sobre los mismos se desarrolló en la jornada, resultó ser una oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas del personal jurídico, proveniente de los distintos departamentos del país, que realiza labores de protección y tutela en casos vinculados con el derecho a un medio ambiente sano y derechos conexos.


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PDDH EMITE PRONUNCIAMIENTO POR DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones, Ricardo José Gómez Guerrero, emitió un pronunciamiento en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación que tiene lugar el 16 de octubre de cada año.  Esta fecha fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en coincidencia con la celebración del aniversario de su fundación en el año 1945.  En el año 2017 la FAO ha propuesto  centrar el análisis y  reflexión de esta fecha conmemorativa en el tema "Cambiar el futuro de la Migración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural".  De acuerdo a los datos de este organismo,  aproximadamente el 80% de pobres extremos del mundo viven en zonas rurales y la mayoría de ellos depende de la agricultura. En su pronunciamiento la PDDH se refiere a los desafíos que actualmente existen para concretizar avances en la garantía del derecho a una alimentación adecuada en El Salvador, especialmente en lo referente a políticas públicas y a un adecuado marco legal.  En este sentido, se menciona como un indicador negativo la "resistencia" de la Asamblea legislativa de El Salvador para aprobar la reforma constitucional que incorpore un reconocimiento del derecho a la alimentación, lo cual posibilitaría el fortalecimiento de sus mecanismos institucionales de protección.  Se insiste, por otra parte, en no desvincular el derecho a una alimentación adecuada, con otros derechos y circunstancias conexas, como el de acceso al agua y  la protección de los agricultores y sus familias ante las amenazas que los agrotóxicos pudieren representar para su salud. 

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FORO SOBRE MINERÍA Y FISCALIDAD

 

 

El día 31 de marzo de 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, OXFAM y la Universidad Centroaméricana José Simeón Cañas (UCA) realizaron en un hotel de esta capital, el foro denominado "La Minería Metálica en Centroamérica. Una Valoración sobre Impactos, Transparencia y Fiscalidad”.

[caption id="attachment_2620" align="aligncenter" width="300"] Procuradora se dirige al auditorio[/caption]

En el foro participó un considerable número de personas provenientes de varias partes del país, muchos de ellos activistas en favor del medio ambiente en sus respectivos territorios. La actividad se desarrolló dos días despues de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, por lo que este espacio tuvo un carácter celebrativo y se convirtió en momento propicio para el reconocimiento a todos aquellos y aquellas defensores de derechos humanos que han luchado sin tregua para que ese objetivo se alcanzara.

La señora Procuradora, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en el momento de su intervención, realizó una mención especial a los ambientalistas del departamento de Cabañas, que en el contexto de su activismo en contra de las actividades de minería metálica en ese departamento, fueron perseguidos y en algunos casos asesinados, entre ellos el activista ambiental Marcelo Rivera.   

En este sentido, la funcionaria señaló que "Las condiciones de precariedad en que muchas de los habitantes de estas comunidades viven, sumado a las intensas campañas de promoción de las empresas interesadas en el negocio de la explotación minera y a la oposición de sectores informados sobre las afectaciones ambientales que han sido referidas, constituyen un semillero para la conflictividad y la consiguiente desestabilidad de la aún frágil armonía comunitaria, que en una sociedad posconflicto, las comunidades han venido trabajando. De ahí que el dialogo respetuoso y la consulta informada previa sean herramientas imprescindibles y derechos que deben ser garantizados. Los gobiernos de la región tienen la ineludible responsabilidad de realizar una adecuada gestión de estas situaciones conflictivas que prevengan consecuencias de mayor gravedad"


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PROCURADORA EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS HECHOS DEL ARENAL MONSERRAT

03/07/2017. La Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos junto a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente,  asistieron a un acto conmemorativo en recuerdo de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos la noche del 3 de julio del años 2008 en la zona del Arenal Monserrat, en la ciudad de San Salvador, en el que perdieron la vida 32 personas a causa del desbordamiento del Río Acelhuate.

De las personas fallecidas, 31 de ellas se transportaban en un autobús de la Iglesia Cristiana Elim cuando fueron sorprendidos por una repunta del Río Acelhuate que arrastró el automotor con todos sus ocupantes dentro, logrando sobrevivir únicamente una persona. 

En ocasión de los nueve años de esta tragedia, la licenciada Raquel Caballero de Guevara emitió un pronunciamiento en el que invito a reflexionar sobre la indelegable  responsabilidad del Estado de adoptar todas las medidas que fueren necesarias en orden a evitar que este tipo de acontecimientos se repitan en el futuro. 

La Ombudsman salvadoreña acompaño a la comunidad de la Iglesia Elim en el acto conmemorativo realizada en la zona del desastre el 7 de julio de 2017, como una expresión de su compromiso con los derechos humanos y  de solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos en ese trágico hecho.

 

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PRESENTACIÓN DE PIEZA DE CORRESPONDENCIA

 

La señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara,  junto con la  mesa de Medio Ambiente de la PDDH, la cual está conformada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados al medio ambiente, presentaron el día 18 de julio de 2017 ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia relacionada a la problemática de los agrotóxicos. 

Este documento se presentó en el contexto del primer año desde la publicación del  “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos”, el cual fue notificado a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático el 21 de julio de 2016, y en el que se afirmó, citando diversos estudios, que el uso por décadas en nuestro país de productos químicos en la agricultura, se ha traducido en amenazas y transgresiones concretas para la vida, no solo humana, sino de diferentes especies y de los ecosistemas del que formamos parte. 

Asimismo se insistía en la preocupación que genera el hecho de que estén disponibles en el mercado una serie de químicos usados para actividades agrícolas que  muchos estudios han señalado como altamente perjudiciales para la salud de los agricultores y  sus familias. 

La Mesa de Medio Ambiente señalaba que era una propicia oportunidad para "reiterar  a la Honorable Asamblea Legislativa y en especial a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la recomendación emitida en el Informe sobre el Uso de Agrotóxicos y el Impacto en los Derechos Humanos, en el  sentido de pronunciarse definitivamente sobre la superación de las observaciones con las que fue devuelto el Decreto Legislativo N° 473 que contiene las Reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, aprobado por ese Órgano colegiado el 5 de septiembre de 2013, y que fueran formuladas por el entonces Presidente de la República, o en su defecto, proceder al más breve plazo posible a la emisión de un nuevo Decreto Legislativo que prohíba los agrotóxicos  [...]".

Asimismo solicitaron una audiencia a la comisión legislativa para ampliar su argumentación y requerir de manera verbal la legislación correspondiente que coadyuve a proteger a los agricultores y sus familias. 


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VERIFICACIÓN EN LAGUNA DE METAPÁN

  [caption id="attachment_2266" align="aligncenter" width="350"] Laguna de Metapán.[/caption]

01/08/2017.- Personal de la Procuraduría Adjunta para la de Defensa del Medio Ambiente y de las delegaciones departamentales de Chalatenango y Santa Ana, realizaron una verificación en la Laguna de Metapán, ubicada en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Santa Ana, en respuesta a un aviso realizado por miembros de la Asociación Gaia de El Salvador, quienes realizan trabajo de campo en la zona de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad, área dentro de la cual se encuentra comprendida la mencionada laguna.

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad es la primera reserva de biosfera trinacional en el área centroamericana, siendo un resultado de la integración de esfuerzos de El Salvador, Guatemala y Honduras,  para impulsar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en una zona que abarca territorio de los tres Estados. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el caso de El Salvador, la zona  denominada “Trifinio Fraternidad” está conformada, por cuatro zonas núcleos: A- Parque Nacional Montecristo, B- Área Natural Protegida San Diego – San Felipe Las Barras, C- Lago de Güija, ubicados en el departamento de Santa Ana y D- cerro El Pital, en Chalatenango, que juntos conforman una extensión territorial de 108,020.91 hectáreas. 

Miembros de Gaia, expresaron su preocupación por la contaminación que está sufriendo la laguna. Indicaron que el mayor problema de polución en la laguna se produce debido a que está siendo receptora de aguas contaminadas que provienen de las poblaciones cercanas, en concreto señalan que aguas negras provenientes de la ciudad de Metapán son vertidas sin ningún tipo de tratamiento directamente en el Río San José, el cual a su vez desemboca en la Laguna de Metapán. 

[caption id="attachment_2268" align="aligncenter" width="355"] Río San José, Metapán.[/caption]

Berta Medrano, miembro de la mencionada asociación  señaló otra serie de situaciones que estaban afectando y comprometían la preservación la reserva de biosfera,  en este sentido se refirió a la sobreexplotación del Río Angue, ubicado también en el municipio de Metapán, a raíz de la extracción de arena y piedra sin el debido control.  

[caption id="attachment_2272" align="aligncenter" width="353"] Río Angue, Metapán[/caption]  

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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CASO “MINA SAN SEBASTIÁN”

El día 22 de junio del 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó una reunión de seguimiento cuyo objetivo se centraba en conocer los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que se emitieron en el "Informe Especial de la PDDH sobre el Legado de la Mina San Sebastián y sus Impactos en la Vida de las Poblaciones Afectadas", el cual fue publicado en el mes de enero del años 2016.

El referido informe examinó y realizó -con base a la información con que se cuenta- una cuantificación de los impactos socioeconómicos que las operaciones que en el pasado realizó de la mina San Sebastián causó y aún están causando en el disfrute de los derechos humanos de los y las pobladoras del cantón San Sebatián, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión.

Entre otras cosas, este documento concluye que "El impacto del acceso al agua para consumo humano es el más grave de todos los daños que se han examinado […] Las comunidades rurales de el Salvador sufren de una grave escasez de agua pero en el caso de San Sebastián, la población no puede hacer uso del agua del río y solo hacen uso parcial de los pozos. Para suplir este deficit, los pobladores de San Sebastián tiene que pagar una proporción muy alta de sus ingresos, lo que inhibe la satisfacción de disfrutar de una vida más próspera". 

Se enumeran asimismo una serie de recomendaciones a las instituciones estatales que tienen algún tipo de competencia directamente relacionada a la remediación de los daños y el restablecimiento de los derechos humanos que se ha visto restringidos a raíz de las afectaciones el medio ambiente registradas en la zona.

Precisamente sobre el cumplimiento de esas recomendaciones versó la reunión. Se contó con la presencia de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Economía (MINEC), la Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud (MINSAL); quienes expusieron sobre algunas acciones que se han tomado desde sus respectivas competencias y ámbitos de acción, en atención a los señalado en el informe de la PDDH.

En el diálogo desarrollado en la reunión se hizo hincapié en los efectos y obligaciones que se derivaban de la reciente aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en particular en lo que se refiere a las personas que se dedican en la zona a la práctica la Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE).  

La señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara expresó que, en cumplimiento a su mandato constitucional, continuaría dando seguimiento a la situación y reiteró algunos de los elementos señalados en el citado informe. 

                  

 

 

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PDDH escucha a habitantes de Sitio del Niño

San Salvador, 13 de noviembre de 2017. Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos visitó en horas de la mañana de esta fecha,  el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, Departamento de la Libertad; con el objeto de entrevistar y escuchar a las personas que resultaron afectadas por la contaminación por plomo que se produjo en dicho lugar, como consecuencia de las operaciones de la fábrica de baterías para automóviles conocida como "Fábrica Record", sobre su percepción en relación a las acciones adoptadas en los últimos años, por las autoridades públicas en materia de salud y protección del medio ambiente.

La PDDH ha realizado un seguimiento desde el año 2005 -fecha en la que salió a la luz la problemática- sobre las acciones adoptadas por el Estado salvadoreño en orden a proteger y asistir a las víctimas de la contaminación, y entre ellos, a aquellas personas con mayor vulnerabilidad.

Los habitantes de Sitio del Niño que asistieron expresaron sus puntos de vista en relación a como perciben su situación en calidad de víctimas más de una década después de la contaminación en su comunidad, asimismo dieron a conocer  sus mayores preocupaciones. 

 


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PDDH y CRIPDES DESARROLLAN FORO EN ZONA ORIENTAL

10 de noviembre de 2017. La PDDH por medio de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, en coordinación con la  Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) desarrolló el día 10 de noviembre de 2017 en el auditorio la Universidad de Oriente (UNIVO) el foro denominado "Construcción de alternativas productivas para las comunidades, después la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador". 

Esta actividad se impulsó en el marco del seguimiento de las Procuraduría a las recomendaciones emitidas a algunas instancias estatales en el "Informe Especial de la PDDH sobre el Legado de la Mina San Sebastián y sus Impactos en la Vida de las Poblaciones Afectadas" pero además, en el contexto de las obligaciones que se generan para las autoridades públicas en el marco de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador,  el 29 de marzo de 2017, en la que se contempla la necesidad de brindar asistencia a las personas que practican la minería artesanal a pequeña escala, de modo que logren la conversión a otras actividades productivas.

El Foro contó con la ponencia de la Licenciada Ana Milagro Guevara de Medrano, Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente; el doctor Vladimir Pacheco Cueva, experto en cierre de minas, y el licenciado Julio Flores, técnico de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, quienes realizaron una presentación en relación a sus ámbitos de trabajo en el tema, y posteriormente los participantes tuvieron la oportunidad de realizar las preguntas o comentarios que consideraron pertinentes.

 

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CONFERENCIA PDDH, UCA y ARZOBISPADO SOBRE LEY DE AGUAS

San Salvador, 29 de agosto de 2017. La señora Procuradura para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara; el Vicerrector de Proyección Social de la La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano;  y el señor Arzobispo Metropolitano de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, brindaron una conferencia de prensa este día en las instalaciones del arzobispado de San Salvador en la que se refirieron al tema de la ley de aguas que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. 

Los representantes de la instituciones mencionadas explicaron el espíritu y el contenido de la propuesta de marco institucional para una legislación de aguas que unos días atrás presentaran conjuntamente ante la Asamblea Legislativa. 

Reafirmaron la urgencia de que se logre el consenso para la aprobación de una ley de este tipo y la necesidad de que la rectoría del la gestión del agua debe ser pública y además debe tener un carácter participativo. En este sentido la propuesta por ellos presentada incluye la creación de un ente rector denominado Autoridad Nacional de Agua (ANA) que tendría carácter público y en el que tendrían cabida  una serie de organismos que tiene vinculación con la gestión hídrica.  

   

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