PROCURADORA EN CONMEMORACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS HECHOS DEL ARENAL MONSERRAT

03/07/2017. La Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos junto a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente,  asistieron a un acto conmemorativo en recuerdo de las víctimas de los lamentables hechos ocurridos la noche del 3 de julio del años 2008 en la zona del Arenal Monserrat, en la ciudad de San Salvador, en el que perdieron la vida 32 personas a causa del desbordamiento del Río Acelhuate.

De las personas fallecidas, 31 de ellas se transportaban en un autobús de la Iglesia Cristiana Elim cuando fueron sorprendidos por una repunta del Río Acelhuate que arrastró el automotor con todos sus ocupantes dentro, logrando sobrevivir únicamente una persona. 

En ocasión de los nueve años de esta tragedia, la licenciada Raquel Caballero de Guevara emitió un pronunciamiento en el que invito a reflexionar sobre la indelegable  responsabilidad del Estado de adoptar todas las medidas que fueren necesarias en orden a evitar que este tipo de acontecimientos se repitan en el futuro. 

La Ombudsman salvadoreña acompaño a la comunidad de la Iglesia Elim en el acto conmemorativo realizada en la zona del desastre el 7 de julio de 2017, como una expresión de su compromiso con los derechos humanos y  de solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos en ese trágico hecho.

 

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PRESENTACIÓN DE PIEZA DE CORRESPONDENCIA

 

La señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara,  junto con la  mesa de Medio Ambiente de la PDDH, la cual está conformada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados al medio ambiente, presentaron el día 18 de julio de 2017 ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia relacionada a la problemática de los agrotóxicos. 

Este documento se presentó en el contexto del primer año desde la publicación del  “Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos”, el cual fue notificado a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático el 21 de julio de 2016, y en el que se afirmó, citando diversos estudios, que el uso por décadas en nuestro país de productos químicos en la agricultura, se ha traducido en amenazas y transgresiones concretas para la vida, no solo humana, sino de diferentes especies y de los ecosistemas del que formamos parte. 

Asimismo se insistía en la preocupación que genera el hecho de que estén disponibles en el mercado una serie de químicos usados para actividades agrícolas que  muchos estudios han señalado como altamente perjudiciales para la salud de los agricultores y  sus familias. 

La Mesa de Medio Ambiente señalaba que era una propicia oportunidad para "reiterar  a la Honorable Asamblea Legislativa y en especial a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la recomendación emitida en el Informe sobre el Uso de Agrotóxicos y el Impacto en los Derechos Humanos, en el  sentido de pronunciarse definitivamente sobre la superación de las observaciones con las que fue devuelto el Decreto Legislativo N° 473 que contiene las Reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, aprobado por ese Órgano colegiado el 5 de septiembre de 2013, y que fueran formuladas por el entonces Presidente de la República, o en su defecto, proceder al más breve plazo posible a la emisión de un nuevo Decreto Legislativo que prohíba los agrotóxicos  [...]".

Asimismo solicitaron una audiencia a la comisión legislativa para ampliar su argumentación y requerir de manera verbal la legislación correspondiente que coadyuve a proteger a los agricultores y sus familias. 


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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CASO “MINA SAN SEBASTIÁN”

El día 22 de junio del 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó una reunión de seguimiento cuyo objetivo se centraba en conocer los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que se emitieron en el "Informe Especial de la PDDH sobre el Legado de la Mina San Sebastián y sus Impactos en la Vida de las Poblaciones Afectadas", el cual fue publicado en el mes de enero del años 2016.

El referido informe examinó y realizó -con base a la información con que se cuenta- una cuantificación de los impactos socioeconómicos que las operaciones que en el pasado realizó de la mina San Sebastián causó y aún están causando en el disfrute de los derechos humanos de los y las pobladoras del cantón San Sebatián, del municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión.

Entre otras cosas, este documento concluye que "El impacto del acceso al agua para consumo humano es el más grave de todos los daños que se han examinado […] Las comunidades rurales de el Salvador sufren de una grave escasez de agua pero en el caso de San Sebastián, la población no puede hacer uso del agua del río y solo hacen uso parcial de los pozos. Para suplir este deficit, los pobladores de San Sebastián tiene que pagar una proporción muy alta de sus ingresos, lo que inhibe la satisfacción de disfrutar de una vida más próspera". 

Se enumeran asimismo una serie de recomendaciones a las instituciones estatales que tienen algún tipo de competencia directamente relacionada a la remediación de los daños y el restablecimiento de los derechos humanos que se ha visto restringidos a raíz de las afectaciones el medio ambiente registradas en la zona.

Precisamente sobre el cumplimiento de esas recomendaciones versó la reunión. Se contó con la presencia de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Economía (MINEC), la Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud (MINSAL); quienes expusieron sobre algunas acciones que se han tomado desde sus respectivas competencias y ámbitos de acción, en atención a los señalado en el informe de la PDDH.

En el diálogo desarrollado en la reunión se hizo hincapié en los efectos y obligaciones que se derivaban de la reciente aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, en particular en lo que se refiere a las personas que se dedican en la zona a la práctica la Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE).  

La señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara expresó que, en cumplimiento a su mandato constitucional, continuaría dando seguimiento a la situación y reiteró algunos de los elementos señalados en el citado informe. 

                  

 

 

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