Mesa Memoria Histórica

 

Pronunciamiento de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en ocasión del primer aniversario de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y la necesidad de avanzar hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado

Hace 25 años, con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, nuestro país iniciaba el anhelado camino hacia la democracia, el Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Tras doce años de una cruenta guerra civil, las esperanzas y la alegría que generaba la paz en la población no podían ser mayores. Se anticipaba una época en la que, por fin, todos los sectores podrían participar en la toma de decisiones para la construcción de un nuevo El Salvador: un país más justo, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana.

En este camino, no son pocos los avances por los que podemos sentir satisfacción. Sin duda alguna, los Acuerdos de Paz representan un hito, ya que abrieron espacios democráticos como nunca antes en la historia del país y lograron poner fin al conflicto bélico entre las principales fuerzas políticas. Sin embargo, no se puede obviar que en este proceso hubo graves deudas y es a una de ellas —quizá la más importante— a la que quiero referirme en esta ocasión: la reparación integral de las víctimas del conflicto.

Si bien hubo notables esfuerzos como, por ejemplo, el desarrollado por la Comisión de la Verdad, las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra civil fueron olvidadas y relegadas en las decisiones para la nueva etapa de paz. Las demandas de las víctimas han sido concretas y sencillas: verdad, justicia y reparación; pero en ningún caso los esfuerzos realizados por el Estado han sido proporcionales a los enormes sufrimientos a los que fueron sometidas. Por muchos años se les ha negado acceso a la justicia, el conocimiento de los hechos y la sanción de los responsables, pero hace aproximadamente un año —en julio de 2016— la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía General[1] abrió una nueva oportunidad para que el país asuma y cumpla finalmente con sus obligaciones de reparación integral hacia las víctimas y sus familiares.

Esta decisión ha coincidido con otros importantes sucesos como la Beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en mayo de 2016, la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz y la declaratoria de 2017 como el “Año de la promoción de la Cultura de Paz”, iniciativa que he impulsado desde el inicio de mi gestión como Procuradora y que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en enero del año en curso; todo lo cual, me impulsa a hacer un llamado a las distintas instituciones estatales a retomar la agenda pendiente de los Acuerdos de Paz en torno a la dignificación de las víctimas, garantizando el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para quienes sufrieron las peores consecuencias de la guerra y adoptando garantías de no repetición como una forma de reparación para la sociedad en su conjunto.

En este contexto, en primer lugar, debo reconocer como positivo que, a raíz de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, algunas instancias del Órgano Judicial han decidido retomar casos muy importantes como el de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, el asesinato de Monseñor Romero y la masacre de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) contra seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. Esto representa un avance primordial para saldar las deudas de la justicia con estas atrocidades cometidas contra civiles inocentes, las cuales no pueden quedar en la impunidad y en el olvido.

No obstante, todavía son apenas unos primeros pasos y el Órgano Judicial debe adoptar medidas para garantizar que los procesos se lleven a cabo con la debida diligencia y en el marco del debido proceso, con respeto absoluto y trato digno tanto hacia la personas denunciantes como a las acusadas, y todas aquellas que participen en los procesos. En particular, quiero hacer un llamado especial y urgente a reforzar la protección hacia las víctimas, sus familiares y testigos, para que puedan aportar sus testimonios en condiciones de seguridad y libertad, sin temor a represalias, pues solo así se podrá garantizar un verdadero acceso a la justicia.

Por otro lado, es mi deber reiterar que la obligación de investigar este tipo de hechos, debe realizarse con eficiencia y seriedad, de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, considerando los patrones sistemáticos ocurridos y el contexto particular del conflicto armado salvadoreño. En tal sentido, la investigación es un imperativo para el Estado salvadoreño y, de manera particular, para la Fiscalía General de la República como institución rectora en la investigación del delito, asignando los recursos presupuestarios, logísticos, científicos y de cualquier otra índole que sean necesarios para  desempeñar sus labores adecuadamente con independencia e imparcialidad.

Debo señalar también que estos esfuerzos en materia de acceso a la justicia deben ser complementados con la búsqueda de la verdad y, en este sentido, debo reiterar a la Honorable Asamblea Legislativa la necesidad de garantizar la continuidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de Niñas y Niños desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, mediante la emisión de un decreto legislativo[2]. Asimismo, un mecanismo similar debería ser creado para el conocimiento de la verdad sobre las miles de personas adultas desaparecidas durante la guerra civil.

Sumado a ello, hago un llamado al Órgano Ejecutivo a garantizar a las víctimas y a la sociedad en general el acceso a los archivos gubernamentales que tengan información sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto; dar cumplimiento a todas las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos han realizado al país sobre estos hechos; cesar todo tipo de homenajes a las personas involucradas en los mismos; e implementar medidas de reparación colectiva.

Estoy convencida de que la reparación integral de las víctimas de estos hechos atroces nos permitirá avanzar hacia una verdadera cultura de paz, reconciliación y dignificación de la persona humana, y por ello, no constituye solo una atención a hechos pasados, sino también una apuesta para el futuro de nuestro país. Las víctimas de hoy están sufriendo tanto como las del pasado, debido a la violencia, la impunidad y el desamparo en que se encuentran. Atender a las víctimas del conflicto nos impulsará también a atender a las víctimas de la criminalidad de hoy.

En este contexto, quiero recordar las visionarias palabras del Beato Romero, quien en su homilía del 25 de septiembre de 1977, nos decía “mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya este desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz y se seguirán sucediendo los hechos de violencia y de sangre. Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios. Todo lo demás son parches. Todo lo demás son represiones de momento. Los nombres de los asesinados irán cambiando, pero siempre habrá asesinados. Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia, mientras no se cambie la raíz de donde están brotando, como de una fuente fecunda, todas estas cosas tan horrorosas de nuestro ambiente”.

Alrededor del mundo, la comunidad internacional se ha comprometido a decir “Nunca más” a estos crímenes que representan un agravio a toda la humanidad. Por tanto, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, reitero mi compromiso de continuar impulsado todas las iniciativas a favor de la reparación de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tanto las cometidas en el pasado, como en la actualidad.

San Salvador, 17 de julio de 2017

[1] Sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de inconstitucionalidad 44-2013/145-2013, de fecha 13-VII-2016.

[2] En febrero de 2017, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y Presidenta de la CNB, expuse esta propuesta ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, junto al Cardenal Gregorio Rosa Chávez y el Presbítero Manuel Acosta, en su calidad de Comisionados, y el señor Arcinio Suira, como Coordinador de la CNB.

 

Agenda

< Noviembre 2019 >
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dic 1