Pronunciamiento de la PDDH ante la situación de sequía que enfrenta el oriente del país

sequiaEn las últimas semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha brindado seguimiento a la ocurrencia de distintos eventos socionaturales, registrados tanto a nivel nacional como internacional, que representan una grave amenaza para los derechos humanos de la población salvadoreña, principalmente en lo referente al derecho a una alimentación adecuada, al derecho a la protección contra el hambre, el derecho al agua, y el derecho a un nivel de vida adecuado.

Al complicado entorno de incertidumbre generado por la recesión económica y financiera global se han añadido en el último mes los problemas en la producción mundial de alimentos, a raíz de las sequías registradas en Estados Unidos y parte de Europa; y las amenazas de fenómenos climáticos similares en distintos países alrededor del mundo. Esta configuración de eventos ha activado las alarmas a nivel mundial ante las inminentes alzas en los precios de los alimentos, y en consecuencia, sobre los riesgos que las mismas representan para el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población, principalmente para aquellos grupos que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

De forma similar, en la región oriental del territorio salvadoreño, durante el pasado mes de julio se registró una grave situación de sequía, la cual ha continuado extendiéndose y agravándose durante la primera mitad de agosto. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), los registros meteorológicos demuestran que durante este periodo los niveles de lluvia en la zona centro y sur de esta región se mantuvieron por debajo del promedio nacional.

En este contexto, la PDDH ha considerado necesario emitir el presente pronunciamiento público a partir de la enorme preocupación que genera este cúmulo de fenómenos, en tanto en cuanto representan una seria amenaza a corto y largo plazo para el bienestar de la sociedad salvadoreña y, por consiguiente, para el desarrollo socioeconómico del país.

Primero que nada, para poder obtener una compresión estructural y completa de los fenómenos observados en el país durante las últimas semanas, se debe hacer énfasis en lo determinantes que resultan las condiciones internas de vulnerabilidad en la magnitud de los efectos causados por los eventos climáticos. Esto implica construir una visión amplia del problema de la sequía, como producto de la interacción entre el medio natural y los seres humanos, lo que permitirá abordar el problema desde una perspectiva integral de desarrollo y no únicamente como un fenómeno natural.

Una concepción de este tipo obliga a que el abordaje de la problemática se sustente en la armonización entre las políticas públicas en materia ambiental, económica, hídrica, agrícola, de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y de prevención y gestión adecuada de riesgos a desastres. La correcta vinculación de dichos sistemas permitirá la construcción de escenarios de riesgo integrales que orienten la actuación del Estado bajo el marco de la prevención y la mitigación oportuna, con el objeto de impedir que los daños de los eventos que son inevitables, sean más profundos, especialmente porque representan una amenaza concreta para los derechos fundamentales más básicos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y  el derecho a un nivel de vida adecuado, que permiten el goce y disfrute del resto de derechos humanos.

En este sentido, el quehacer gubernamental para prevenir, mitigar, atender y facilitar la recuperación frente a este tipo de eventos implica la implementación de una serie de medidas integrales y coherentes que tengan en cuenta las particularidades de las distintas regiones del país y el contexto de cambio climático que nos encontramos afrontando. En el Informe Anual de Labores 2011-2012 de la PDDH se destacó como un aspecto positivo de la actual administración de la política ambiental la alta inversión en la adquisición de equipo tecnológico, ya que tal y como lo anunció el Ministro de la Cartera Medioambiental, esto haría posible tener datos científicos que permitieran pronosticar, con aceptable certeza, la ocurrencia de fenómenos meteorológicos; y de esa forma asegurar la protección de los derechos de las poblaciones -particularmente aquellas en situación de mayor riesgo-, como lo prescribe nuestra Constitución y las leyes en la materia.

Sin embargo, el desarrollo del actual fenómeno y las estimaciones sobre sus efectos conducen a pensar que existieron fallas ya sea en los pronósticos que debían construirse a partir de la información climatológica y meteorológica con la que cuenta el país, o en su utilización como sustento para el diseño e implementación de medidas preventivas y de mitigación orientadas a minimizar a tiempo las consecuencias de la sequía.

De cualquier forma, esto provocó la falta de activación del sistema de alerta temprana -aspecto elemental dentro de una estrategia nacional de reducción de desastres- que pudo brindar información adecuada, precisa y efectiva a la población y a las mismas autoridades, previa a la manifestación de la actual situación de sequía, para estudiar oportunamente las mejores alternativas para enfrentar los diferentes escenarios proyectados.

Los efectos de estas dificultades se han hecho sentir principalmente en la cosecha de maíz de las zonas afectadas (La Unión, Morazán, Usulután y San Miguel), las cuales producen un 17 por ciento de la cosecha nacional (3.6 millones de quintales). Según las cifras oficiales, se estima que 24 mil manzanas han sido afectadas por la sequía, generando pérdidas de al menos un 5.5 por ciento de la producción total de maíz (1.1 millones de quintales), con la posibilidad de que las mismas se extiendan hasta un 10.5 por ciento (2.1 millones de quintales).

Ante esto, desde finales de julio el Gobierno ha puesto en marcha un plan de contingencia cuyas acciones principales consisten en el establecimiento de una Comisión Técnica para el monitoreo de los cultivos, la entrega de semillas y fertilizantes para la resiembra de un área similar a la afectada, la habilitación de sistemas de riego en 1,500 manzanas, el otorgamiento de incentivos para el cultivo de maíz y sorgo en aproximadamente 12,500 manzanas, y el apoyo al sector ganadero afectado por la falta de pasto.

Indudablemente, dichas medidas son positivas dado que pretenden recuperar la mayor parte de las pérdidas de la cosecha de maíz. Esto resulta muy importante para el cumplimiento del derecho a la alimentación y el derecho a un nivel de vida adecuado, pues la reducción de la cosecha provoca limitaciones importantes en cuanto a la disponibilidad y el acceso no sólo a los granos básicos, sino a distintos alimentos de la dieta básica salvadoreña; y además afecta a muchas familias cuya producción agrícola, aunque no representa un porcentaje significativo de la producción nacional, constituye la principal fuente de sustento económico.

No obstante, en el escenario actual, teniendo en cuenta las amenazas a nivel internacional, y los pronósticos inciertos sobre las condiciones climáticas a nivel nacional, es necesario señalar que tales medidas no son suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de los grupos más vulnerables. La recesión global, los incrementos en los precios internacionales de los alimentos, las posibles reacciones proteccionistas de países productores afectados por fenómenos climáticos, la alta probabilidad de que en los próximos meses ocurran otros fenómenos similares que afecten la producción nacional de granos básicos, y la falta de un mayor control sobre la especulación y el acaparamiento, son factores que amenazan gravemente el bienestar de la población salvadoreña ante los cuales el país no se encuentra preparado de forma adecuada.

Conviene señalar en este punto que aunque los efectos de eventos como las sequías no son tan visibles y mortales como en el caso de exceso de lluvias, sí existen enormes riesgos en cuanto al aumento de la pobreza y la desnutrición y la disminución en los niveles de calidad de vida, lo cual conlleva costos enormes y en muchos casos daños irreparables en términos de desarrollo humano.

En tal sentido, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos he considerado necesario realizar un llamado de alerta, a raíz de la configuración de un entorno que coloca al país ante una nueva situación de emergencia que puede concluir en un desastre por los múltiples impactos directos e indirectos que tendría, en primer lugar, en la vida de la población de la zona oriental de El Salvador, pero luego en el país entero, de continuar acentuándose sin que se adopten las medidas idóneas para responder a ello tanto a corto, mediano y largo plazo.

Las medidas a implementar requieren que las autoridades gubernamentales que integran el Sistema Nacional de Protección Civil adopten decisiones y acciones coordinadas, urgentes y en proporción a la magnitud del fenómeno que está afectando al territorio y a la población salvadoreña, así como que se tome en cuenta la participación ciudadana, que requiere como requisito previo el acceso a información clara, necesaria y veraz respecto a este fenómeno.

Es a partir de lo anterior y de conformidad a mi mandato constitucional de velar por la garantía de los derechos y libertades fundamentales, que ahora demando a las autoridades estatales que de forma efectiva y diligente procedan a tomar las medidas inmediatas que de acuerdo a sus competencias les corresponda para procurar la defensa y protección de los derechos que le asisten a todos los salvadoreños y las salvadoreñas, especialmente en esta grave situación de emergencia que amenaza sobremanera los derechos a la alimentación, salud y vida digna, entre otros.

Por lo tanto, hago un LLAMADO a la Asamblea Legislativa, para que establezca como prioridades la pronta ratificación de las reformas constitucionales a favor del derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua, aprobadas por la legislatura 2009 – 2012 el pasado 19 de abril de 2012; y la aprobación de una Ley Marco sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. A la vez, insto a las distintas fracciones legislativas a no apoyar ningún anteproyecto de ley que tenga como objetivo promover u otorgar incentivos para la producción de biocombustibles, ya que este tipo de iniciativas generan mayores dificultades para cumplir con las demandas alimentarias de la población, tal y como lo han reconocido los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en la Declaración de Managua, Nicaragua, firmada el 8 de agosto del año en curso.

Por otro lado, EXHORTO al Órgano Ejecutivo a que continúe promoviendo la propuesta realizada por el Presidente de la República, Don Carlos Mauricio Funes Cartagena, el pasado 8 de agosto en el marco de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, celebrada en Nicaragua, con respecto a la creación de un mercado común alimenticio centroamericano, y que de manera inmediata se gestionen acuerdos con los países de la región para prohibir las restricciones a la exportación de granos básicos, ya que en años anteriores la implementación de medidas de este tipo ha causado alteraciones negativas en el mercado de alimentos. Asimismo, le reitero mi invitación a que se impulse una reestructuración del Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), a fin de volverlo protagónico y con la suficiente incidencia ante las grandes problemáticas alimentarias y nutricionales que afronta la sociedad salvadoreña.

Adicionalmente, es importante que el Órgano Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, realice esfuerzos para implementar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011 - 2015  presentada en mayo de 2011, y la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola, presentada en junio de 2012. De manera similar, sería conveniente retomar los esfuerzos realizados por organizaciones sociales que han promovido políticas y planes de acción para la atención de problemáticas como la sequía.

A la vez, INSTO a la Defensoría del Consumidor a reforzar la vigilancia del mercado de alimentos, a fin de mejorar la transparencia del mismo y combatir la especulación y el acaparamiento.

Por otra parte, considero importante señalar la necesidad de que ante este tipo de situaciones el Sistema Nacional de Protección Civil realice un papel efectivo y más dinámico, de acuerdo a las funciones que le han sido establecidas. Y que por tanto, se proceda de forma urgente a dar a conocer e implementar un plan de emergencia que involucre a todas las instituciones del Sistema y que deberá estar orientado a atender las necesidades de las comunidades afectadas, asegurando la pronta ayuda a las personas que más lo necesiten, de forma equitativa y adecuada. Para esto, se recomienda utilizar herramientas como el Mapa de Hambre desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 2011, a fin de priorizar la atención en aquellos municipios que enfrentan mayores problemas de desnutrición. Este plan de emergencia debería contemplar medidas tales como la entrega de paquetes alimenticios a la población de las zonas afectadas; fortalecimiento del sistema de créditos, en especial en lo relativo a los seguros agrícolas; el diseño de planes especiales para favorecer a agricultores y agricultoras con alto endeudamiento debido a pérdidas por factores climáticos; el otorgamiento de subsidios a trabajadores y trabajadoras del sector agrícola; la entrega de insumos agrícolas para la recuperación de las cosechas perdidas; el fortalecimiento de la asistencia técnica a pequeños/as y medianos/as productores/as de la zona; el despliegue de personal del sistema de salud para atender las afectaciones y enfermedades derivadas de la sequía; y en general, la asignación de financiamiento nacional e internacional para atender todos los aspectos vinculados al plan de emergencia.

En consonancia, considero que ante la presente sequía es menester que la honorable Asamblea Legislativa, o en su caso el señor Presidente de la República, proceda a decretar el Estado de Emergencia en las zonas de mayor afectación tal como lo dispone el artículo 22 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a fin de salvaguardar los derechos de las poblaciones afectadas.

Añadido a esto, es importante recordar a las autoridades gubernamentales que durante este proceso, en todo momento deben brindar información clara, precisa, oportuna y accesible a la población, principalmente en lo referente a datos sobre la dimensión de la problemática -la que no se reduce a un efecto hidro meteorológico-; sus impactos en la soberanía y la seguridad alimentaria, la salud y la vida; y en cuanto a las medidas implementadas a fin de  reducir sus efectos.

Finalmente, como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y en concordancia con mi mandato de fiscalizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de la población, por este medio externo la solidaridad de nuestra institución con las miles de familias afectadas por la presente sequía y que están viviendo situaciones difíciles tanto por la pérdida de sus cosechas como por las obligaciones económicas adquiridas para sufragar las mismas; a la vez que reitero mi compromiso de continuar con el seguimiento de las acciones que desde el Estado salvadoreño se impulsen a fin de minimizar el impacto y las graves consecuencias de estos eventos en la vida de las personas.

 San Salvador, 15 de agosto de 2012.

 

Lic. Oscar Humberto Luna

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

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