Ante la denuncia de personas que habitan en diferentes puntos de la capital y que se sienten amenazadas por la instalación de antenas para telefonía móvil o telecomunicaciones en varios parques municipales, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, emitió un pronunciamiento en el que establece que dichas estructuras, han sido colocadas sin informar ni hacer participe de tal decisión a la población. En algunos casos se  dijo que se trataba de casetas o cámaras de seguridad, según informaron algunos de los afectados que han interpuesto sus denuncias ente la PDDH.

Mediante un Pronunciamiento que se dio a conocer públicamente, el Procurador considera que debe ser tomada con seriedad la investigación científica,  sobre la proliferación del uso de tecnología inalámbrica en los últimos años, y sus efectos a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la vida de las poblaciones, y que si bien es cierto las implicaciones y efectos aun se mantienen en estudio por expertos  pide que a nivel nacional al menos se retomen los estándares mínimos ya establecidos internacionalmente y se inicie una discusión sobre la regulación de la instalación de antenas y bases de emisión electromagnética en zonas pobladas y lugares públicos, procurando, principalmente, evitar daños a la salud y la vida de las generaciones presentes y futuras.

La PDDH recomienda que el Ministerio de Medio Ambiente modifique los requisitos para la presentación de documentación ambiental, cuando se trata de la instalación de antenas o estaciones de telefonía móvil u otras estructuras que transmitan ondas electromagnéticas no ionizantes; así como que promueva una iniciativa de ley para la regulación relativa a la contaminación electromagnética, al respecto se demandó a la Asamblea Legislativa que se involucre en esta temática.

A los Concejos Municipales y en especial a la municipalidad de San Salvador, le recomendó que previa autorización de proyectos de instalación de antenas para telefonía celular, informen y consulten a la población, por el mecanismo que consideren más idóneo y efectivo. Asimismo, el defensor del pueblo espera que las autoridades locales hagan prevalecer el bienestar y desarrollo de la persona humana por encima de intereses económicos o particulares de ciertos sectores.