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Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Ricardo Gómez, en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente 2017

 

Estoy con la Naturaleza” es el lema con el cual la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el presente año, nos invita a unirnos en un esfuerzo común para promover acciones en favor de la preservación y el respeto del entorno natural en que nuestras sociedades buscan construir su desarrollo.

 

Precisamente en la búsqueda de Estado de garantizar a las personas el derecho a un medio ambiente sano o adecuado, implica necesariamente que este cuente con visión de desarrollo sostenible, esto es, con la posibilidad de crecer en armonía con la naturaleza y no a costas de su deterioro y su destrucción.

Es esta perspectiva la que subyace en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General Naciones Unidas, en la cual, el concierto de naciones entiende que “el desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. Por ello, estamos decididos a preservar y utilizar sosteniblemente los océanos y los mares, los recursos de agua dulce y los bosques, las montañas y las zonas áridas, y a proteger la diversidad biológica, los ecosistemas y la flora y fauna silvestres”. 

El alto grado de deterioro ambiental que sufre el país, se ha visto agravado por el cambio climático, cuyos efectos, son percibidos cada vez más por la población, que experimenta mayores dificultades para lograr un proyecto de vida digno por esta causa; y la complejidad de la situación requiere una extraordinaria gestión del Estado, para garantizar los derechos humanos, de la que no se puede sustraer alegando falta de recursos o justificaciones de otra índole.

Consecuentemente, en razón de su prioridad, la protección de estos recursos debe enfocarse de manera urgente al debate sobre la prohibición del uso de agrotóxicos dañinos para la salud de las personas y para el medio ambiente, y promover la agricultura ecológica; en la prevención de la vulnerabilidad ante fenómenos naturales, socio naturales o antrópicos, sobre la tala  indiscriminada de bosques e incendios forestales, generalmente provocados en áreas con fines agrícolas; y en casos más graves, para monocultivos  de hortaliza en  las zonas de  reserva de biosfera, generando cambio de uso de suelo, en una zona de recarga hídrica; así como  proyectos de represas hidroeléctricas que provocan impactos negativos en los derechos humanos de comunidades afectadas y los ecosistemas, los cuales no deberían ser autorizados.

Respecto a la situación hídrica en el país,  la contaminación, falta de acceso e inadecuada priorización del uso del agua, y los conflictos sociales generados por estas causas, vuelve necesaria y urgente su regulación, desde el reconocimiento constitucional del derecho al agua y a la alimentación, y la impostergable discusión y aprobación de la Ley General de Aguas.

El Procurador considera, que para progresar en el desarrollo sostenible en El Salvador es fundamental la unificación de esfuerzos desde la sociedad civil, las grandes industrias y el Estado, y que la operatividad de estas industrias se armonice con la naturaleza, a fin de prevenir afectaciones a derechos humanos irreparables.

Es oportuno destacar, la unificación de esfuerzos de la sociedad civil, e instituciones estatales, en la búsqueda de la protección de los recursos naturales, que dejó como resultado  la prohibición de proyectos de explotación minera metálica en el territorio nacional, la cual hiciera eco en la Asamblea Legislativa, cuyos diputados y diputadas aprobaron de manera unánime una ley que prohíbe ese tipo de actividades extractivas.

Además, avance en la protección ambiental, con la creación de  los Juzgados Ambientales en la zona oriental y occidental, lo que permite accesibilidad para la atención y tramitación de casos en ambas zonas. Sin embargo, es preciso y urgente el fortalecimiento de en la Unidades de medio ambiente de la Fiscalía General de la República.

Las Consultas Populares realizadas por los Gobiernos Locales, de los municipios de Cinquera y Suchitoto en el presente año, relativas a proyectos mineros metálicos, y sobre priorización en el uso del agua,  respectivamente, han sido satisfactorias, debido que por un lado  genera conciencia y participación en la población sobre la importancia de respetar y proteger los recursos naturales, por el otro, la exigencia de ésta a la instancias responsables de cumplir con dichas obligaciones.

El Procurador, en el marco de esta celebración, considera conveniente subrayar el llamado a las instancias públicas de nuestro país a continuar y mejorar su acciones en orden a garantizar a la población salvadoreña habitantes el derecho humano a un medio ambiente sano, con iniciativas que incidan en una progresiva efectividad y propiciando que su rango de impacto positivo sea cada vez mayor.  

De igual manera, tomando en consideración que las poblaciones más afectadas por la degradación ambiental  son aquellas que se encuentran bajo la sombra de la marginalidad y la pobreza, su protección debe ser priorizada, y sus capacidades de resiliencia debidamente fortalecidas.   

 

San Salvador, 05 de junio de 2017

 

 

Licenciado Ricardo Gómez

 

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Funciones