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Informe de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en relación a la evaluación del tercer año de gestión presidencial del Profesor Salvador Sánchez Cerén, desde la perspectiva de los Derechos Humanos

  

              I.      CUESTIONES GENERALES

  1.       El Mandato de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos

Con atención al mandato constitucional que me ha sido conferido como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a velar por el respeto y garantía de los mismos, en esta ocasión presento la “Evaluación del Tercer Año de Gestión Presidencial desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, como un ejercicio de reflexión sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.

Desde la definición de su carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos está facultada para ejercer su magistratura moral dotada de un conjunto de competencias cuya amplia formulación se encuentra en sintonía con las exigencias de una efectiva defensa y promoción de los derechos humanos.

En síntesis, la Procuradora supervisa a todos los órganos del Estado salvadoreño, sin excepción alguna, examinando si con su comportamiento cumplen con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; con ese propósito se enmarca dentro de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que gozan de la máxima acreditación que supone su aceptación internacional y el cumplimiento de los Principios de Paris.[1]

En ese contexto, en los siguientes apartados se establecerán los desafíos vigentes en relación al cumplimiento íntegro y efectivo de las obligaciones estatales para  la garantía progresiva de los derechos humanos, partiendo –por un lado– de la importancia y el valor de las personas en tanto su dignidad y titularidad de derechos y –por el otro– de la obligación afirmativa que supone verificar el comportamiento estatal, en el marco de los compromisos que derivan de los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, la normativa nacional que los desarrolla y los principios, valores y estándares que determinan su alcance y contenido.

 

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Informe Procuradora 3 años de gestión Presidente Sánchez Cerén, desde la perspectiva de los Derechos Humanos POPULAR

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Informe de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciada Raquel Caballero de Guevara, en relación a la evaluación del tercer año de gestión presidencial del Profesor Salvador Sánchez Cerén, desde la perspectiva de los Derechos Humanos

 

 

              I.      CUESTIONES GENERALES

 

 

1.       El Mandato de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos

 

Con atención al mandato constitucional que me ha sido conferido como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a velar por el respeto y garantía de los mismos, en esta ocasión presento la “Evaluación del Tercer Año de Gestión Presidencial desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, como un ejercicio de reflexión sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.

Desde la definición de su carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos está facultada para ejercer su magistratura moral dotada de un conjunto de competencias cuya amplia formulación se encuentra en sintonía con las exigencias de una efectiva defensa y promoción de los derechos humanos.



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Jueves, 01 Junio 2017 10:48
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[1] El mandato de esta Procuraduría se complementa con los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, denominados como “Principios de París”, suscritos por representantes de dichas organizaciones en 1991, que contemplan criterios o estándares para su funcionamiento y composición los cuales se encuentran anexos a la resolución 48/134 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La acreditación es otorgada por Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos