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Comunicado de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciada Raquel Caballero de Guevara, en relación al Derecho Humano al Agua

El próximo 22 de marzo de 2017, en todo el mundo estaremos conmemorando el “Día Mundial del Agua”; celebración anual que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 1992 mediante resolución A/RES/47/193

 

En relación al agua limpia y saneamiento, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 6 relativo a la garantía de la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, señala que para el 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.

 

Lo anterior constituye una preocupación para la PDDH, especialmente si consideramos que la situación ambiental del país además de estar gravemente impactada, se ve amenazada por Proyectos que conllevan el detrimento de los bienes naturales, siendo uno de los mayormente afectados los bienes hídricos.

 

En la visita realizada al país en el año 2016 por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, señor Léo Heller, señaló que El Salvador aún no ha integrado sus compromisos internacionales en la legislación interna del país; exhortando a aprobar la Ley General de Aguas, así como una ley marco para el sector agua y saneamiento a fin de enfrentar las brechas y desigualdades en cuanto al acceso al agua entre el sector urbano y rural, y  a las afectaciones que enfrentan las mujeres y niñas ante una crisis hídrica.

 

En relación a ello la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha señalado la obligación que tiene el Estado de generar las condiciones y mecanismo idóneos para la consecución progresiva de los derechos, entre ellos el derecho humano al agua, del cual dependen otros derechos como la vida, la salud y la integridad de la población en general.

 

En el marco de las facultades constitucionales y legales conferidas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se ha constatado que la falta del reconocimiento constitucional y de la legislación interna pertinente, así como, la falta de una regulación que prohíba expresamente prácticas que contaminen el recurso hídrico del país, genera no solo graves implicaciones a derechos humanos, sino llevando incluso a generar conflictos sociales entre habitantes de una misma comunidad y autoridades locales.

 

Ejemplo de lo anterior es la situación en la que viven los habitantes de siete comunidades del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán; siendo estos los cantones “La Puerta”, “La Pandiadura”, “San Rafael”, “San Francisco”, “Loma Larga” y “El Rodeo I y II”; comunidades que desde el año 2005 enfrentan una problemática relacionada con el acceso al agua y la administración del servicio.

 

Lo anterior llevó incluso a algunos habitantes de dichas comunidades, en su mayoría adultos mayores, a ser procesados penalmente por la conflictividad generada entre la municipalidad y líderes comunitarios respecto a la administración de servicio de agua potable.

 

En este caso en particular, personal de la Procuraduría en días recientes, realizó verificación in situ, en la que constató que más allá del conflicto existente entre las autoridades municipales y los representantes de las comunidades señaladas; existen graves afectaciones al derecho al acceso al agua y a la vida especialmente de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

 

Como se ha dicho en otras ocasiones, similares afectaciones sufren las personas habitantes de las comunidades que residen en el Cantón San Sebastián, del municipio de Santa Rosa de Lima en el Departamento de La Unión, donde no solo existe falta de acceso al agua potable, sino que la poca disponible, está contaminada a consecuencia del proyecto minero en la zona, lo que reafirma, sin lugar a dudas la inviabilidad de estas prácticas y la necesidad de prohibirlas,  para garantizar el derecho a la vida, al agua, a la salud y al medio ambiente, además de regular las relacionadas a la administración del recurso hídrico.

 

Por lo anterior, como Procuradora para la Defensa de los Derechos, reitero el llamado a que desde la Honorable Asamblea Legislativa se retome el análisis sobre las normativas encaminadas a la protección del recurso hídrico, y consecuentemente al derecho a la vida, al agua, la salud y el medio ambiente de las personas salvadoreñas, y en este contexto, es propicio iniciar estudio sobre la Ley General de Aguas, y de manera urgente, el estudio y aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, a fin de dar paso a la protección de derecho al agua y a la vida de la población salvadoreña.

 

 

 

 

 

 

San Salvador, 7 de marzo de 2017.