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Comunicado de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciada Raquel Caballero de Guevara, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Persona Ciega

 

Este uno de marzo, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos me sumo a la conmemoración del Día Nacional de la Persona Ciega, que desde el año 1992 fue instituido como tal por la Honorable Asamblea Legislativa. Aprovecho la ocasión para felicitar la incansable lucha del colectivo de personas con discapacidad visual de El Salvador por la reivindicación de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, la cual hemos venido acompañando a través de la Mesa Permanente de la PDDH de las Personas con Discapacidad.

 

En el país, según la Encuesta Nacional de Discapacidad 2015, las personas con discapacidad visual, suman a nivel nacional un total de 148,361 es decir constituyen el 36.1% de la población total con discapacidad en El Salvador. La mayoría está concentrada en el área urbana (37.1%), pero un número no menos importante habita en la zona rural del país (34.4%). Asimismo, la Encuesta nos muestra que son más mujeres con esta discapacidad (42.3%) que hombres (28.8%).

 

En este contexto, quiero expresar mi preocupación por las exiguas acciones que el Estado salvadoreño, me refiero a los tres Órganos de Estado y demás instituciones, ha realizado para la inclusión de las personas ciegas en todos los ámbitos. Es lamentable que la mayoría de personas ciegas en El Salvador continúe enfrentándose cotidianamente a las barreras arquitectónicas y urbanísticas, del transporte, de la comunicación, la información; adicionándose las barreras legales y hasta actitudinales por parte de la sociedad en general y particularmente de las entidades del Estado, que lejos de garantizarles la igualdad de oportunidades, genera la discriminación en el goce de los derechos: a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, nivel de vida adecuado, protección social, acceso a la justicia, participación política y pública, participación en la vida cultural, la recreación y el deporte, así como en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y no menos importante es que sigue avalándose la desigualdad entre hombres y mujeres con discapacidad en todas las esferas de participación pública y privada.

 

Todas esas denegaciones conllevan a la exclusión amparada por el aparato estatal que por acción u omisión sigue incumpliendo su obligación de eliminar toda forma de discriminación, violencia o maltrato en contra del colectivo de personas con discapacidad visual. Esta situación contraviene el mandato constitucional de los artículos 1, 2 y 3; asimismo, sus deberes como Estado Parte de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos de protección de los derechos humanos.

 

 

 

Por todo lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y en cumplimiento de mi mandato constitucional y legal de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, aprovecho este día para exhortar a todas las autoridades e instituciones estatales a respetar y garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad visual. Así también a los diferentes sectores sociales, a las familias y a la sociedad en general a continuar aportando al reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas con discapacidad visual en El Salvador.

 

 

 

 

San Salvador, 1 de marzo de 2017