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Para la protección de los Derechos Humanos, la PDDH cuenta, de conformidad con su mandato con una serie de mecanismos que buscan salvaguardar los derechos de las personas.

Los mecanismos de protección de los derechos humanos de conformidad con el mandato constitucional, son los siguientes:

a) Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos. Este mecanismo inicia con la interposición de denuncia por cualquier persona, o cuando la institución tiene conocimiento por cualquier medio o aviso de hechos que se consideren violatorios de derechos humanos. Se aplica a través de un procedimiento que está conformado de tres fases: a) fase inicial; b) fase de investigación o procuración; y c) fase de seguimiento.

En cualquier fase del procedimiento, podrán realizarse las siguientes acciones: verificaciones inmediatas, emisión de medidas cautelares, libramiento de oficios, interposición de buenos oficios, mediaciones u otras que decida el Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones.

El orden para realizar estas acciones, así como la necesidad de aplicarlas todas o varias de ellas, dependería de la naturaleza, gravedad o urgencia.

b) Monitoreo y análisis de la realidad nacional. Es un mecanismo de protección y prevención, en el cual se aplican métodos tales como la observación de la realidad nacional a través de los diferentes medios de comunicación, seguimiento de políticas públicas e interpretación de datos estadísticos internos o externos, con el fin de verificar el goce de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes del Estado. Es realizado a través de las procuradurías adjuntas específicas, la Unidad de Realidad Nacional o las delegaciones departamentales y locales.

c) Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad. Es el conjunto de acciones mediante las cuales se supervisan y vigilan periódicamente las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en bartolinas policiales o municipales, centros de internamiento de menores de edad y centros penitenciarios. Se entiende por verificación, el conjunto de actividades dirigidas a corroborar, en un caso o situación particular, la existencia o no de violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad.

d) Observación preventiva y atención de crisis. Tiene por objeto prevenir violaciones a derechos humanos y atender situaciones de crisis o conflictos a nivel local, regional o nacional; sean éstos económicos-sociales, penitenciarios, ambientales o de otra naturaleza, que puedan desembocar en vulneraciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; entre ellas, movilizaciones, protestas y concentraciones colectivas en lugares públicos o privados; amotinamientos o riñas en centros de detención, toma de edificios públicos o privados, y crisis derivadas de la confrontación o conflictos surgidos entre colectividades y autoridades públicas.

e) Promoción de recursos judiciales y administrativos, y activación de la justicia internacional. Es la activación de recursos jurisdiccionales o administrativos que sean necesarios para proteger los derechos humanos o prevenir su violación. Es una facultad exclusiva del Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones. El ejercicio de esta facultad se rige por los principios de excepcionalidad, subsidiariedad y discrecionalidad.

El término recurso utilizado en los artículos 11 ordinal 4°, 12 ordinal 1° y 30 ordinal 1° de la Ley de la Procuraduría, se entenderá en el sentido que lo utilizan los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; como mecanismo sencillo, rápido y eficaz que ampara a las víctimas contra actos que violen sus derechos fundamentales o ponen en riesgo su ejercicio.

f) Atención a personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad, aquellas que ya sea individual o colectivamente estén en condición de inequidad para el goce de cualesquiera de sus derechos humanos. Dicha inequidad podrá estar en función de su sexo, edad, religión, nacionalidad, discapacidad, estado familiar, estado de salud, idioma, pertenencia a un pueblo originario, situación de privación de libertad, orientación sexual, opinión política, posición económica y cualquier condición social.

g) Verificación y observación electoral. Es el conjunto de acciones que realiza la institución para la protección y promoción de los derechos políticos durante los procesos electorales. Este mecanismo entra en funcionamiento y expira en el momento en que el Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones lo señala o dispone, pero siempre incluye el antes, el durante y el después de cualquier evento electoral.

h) Emisión de opiniones, presentación de propuestas de reformas de ley y firma, ratificación o adhesión a instrumentos internacionales. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Procurador o Procuradora o quien realice sus funciones puede emitir opinión sobre los anteproyectos, proyectos de ley o de políticas públicas, a fin de promover las medidas que estime necesarias para prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el pleno goce de los mismos.

Asimismo, puede examinar la legislación vigente y la normativa internacional de derechos humanos para promover y proponer antes las autoridades competentes, las reformas legales, la formulación y aprobación de nueva normativa que considere necesaria para asegurar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos.

i) El Procurador, Procuradora o quien realice sus funciones puede, en consonancia con los principios pro homine y pro libertatis, decidir u ordenar otros mecanismos y acciones que deban realizarse para el mejor cumplimiento de su mandato constitucional y legal.